La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que su defensa pidió nuevas medidas de prueba y la detención de tres integrantes de la agrupación Revolución Federal.
Se trata de Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra. Además, volvió a solicitar a la Justicia la unificación de las causas judiciales que los investigan con la que se sigue por el atentado contra su vida cometido el 1° de septiembre. Y solicitó que se allane el departamento de su vecina de Recoleta, Ximena De Tezanos Pinto.
“Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado Revolución Federal, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra”, informó la vicepresidenta a través de su cuenta en la red social Twitter.
A la vez, se preguntó: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.
En el escrito que acompañó el mensaje, figura el pedido de “allanamiento del domicilio de Ximena De Tezanos Pinto -dueña del departamento ubicado en el piso de arriba del de la vice- y al secuestro de su dispositivo celular y de todo otro elemento de interés para esta investigación, con el fin de esclarecer sus vínculos con Revolución Federal”.
También pidió que “se realice un informe acerca de la actividad en redes sociales de Ximena De Tezanos Pinto y de las publicaciones relativas a las habitaciones que tenía en alquiler”.
Por otra parte, según consigna el escrito, “el pasado 19 de diciembre, fueron cargados al sistema una serie de informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esta prueba, sumada a otra producida tanto en esta causa como en la CFP 2998/2022, obliga a profundizar ciertas líneas de investigación”.
“Al leer los informes realizados por la PSA sobre los teléfonos secuestrados en esta causa, lo que primero surge es la evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre”, agrega la presentación.
La mención al atentado en su reaparición pública
El martes, durante su reaparición en un acto en un polideportivo en Avellaneda, tras haber sido condenada a 6 años de prisión por corrupción en la causa sobre Vialidad, la vice habló respecto del atentado que sufrió.
“Hay una patente de impunidad para todo aquel que no sea peronista”, aseguró. Y apuntó contra el diputado nacional del PRO Gerardo Milman que quedó involucrado en la investigación de su intento de asesinato y continúa ejerciendo el cargo en la Cámara baja.
“¿Qué pasa cuando nos enteramos por medios de comunicación que el señor (Millman), siendo integrante de la comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad?”, se preguntó Cristina.
Al tiempo que agregó: “Hay una patente de corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y para todo aquel que lo sea se le inventan cosas”, aseveró la dos veces presidenta.
Hasta el momento continúan detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Carrizo. Mientras que la querella de la ex mandataria insiste en pedir el avance sobre los supuestos autores intelectuales del ataque.
Revolución Federal
En noviembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó liberar a los integrantes de Revolución Federal detenidos por presuntas amenazas y mensajes violentos contra la vicepresidenta.
Los detenidos eran Jonathan Ezequiel Morel -el líder del grupo-, Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, quienes también integran Revolución Federal. También Sabrina Basile, otra miembro del grupo, que es la hija del extécnico de la Selección Argentina, Alfio “Coco” Basile y se entregó a la Justicia.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia señalaron que el comportamiento de los detenidos y la instancia en la que la investigación se encuentra, “no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”, en relación a la prisión preventiva.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi fue quien había ordenado la detención de las personas vinculadas al espacio Revolución Federal, iniciando por su principal autoridad Jonathan Morel.
La causa y la teoría del autor intelectual
A inicios de diciembre, reclamaron ante la Cámara Federal porteña que se indague nuevamente a los detenidos por el intento de asesinato en su contra para imputarles el delito de asociación ilícita y presentaron un nuevo recurso para apartar del caso a la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los apoderados de la vicepresidenta presentaron un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación Penal con su reclamo para apartar de la investigación a Capuchetti por considerar “insostenible” que siga a cargo de la pesquisa.
“La actuación de la jueza solo puede deberse a negligencia o mala fe, rodeadas de incapacidad para dirigir una investigación”, advirtieron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal en la presentación.
Entre otros puntos, recordaron que en la llamada “pista Milman” (en referencia al diputado nacional Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio y vicepresidente del bloque del PRO) la magistrada, “en vez de avanzar, actuó de un modo que posibilitó frustrar la investigación y perder prueba clave”.
Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido para apartarse de la causa del atentado y respondió a las críticas con las que el abogado de la vicepresidenta buscó justificar su alejamiento de la investigación. La la Cámara Federal porteña será la que resuelva está cuestión de fondo.