La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo clave que representa un nuevo revés judicial para el Grupo Macri en la causa del Correo Argentino. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de dos directivos de la empresa, quienes buscaban apartar a los jueces de la Cámara Federal porteña, Roberto Boico y Eduardo Farah, por presunto “temor de parcialidad”.
El planteo fue impulsado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su abogado Jaime Kleidermacher, ambos imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado en 2016 entre la empresa, controlada por SOCMA, el holding familiar de Mauricio MacrI, Grupo Macri, y el Estado nacional.
La fiscal Gabriela Boquin calificó ese acuerdo como “ruinoso” y “abusivo”, ya que implicaba una condonación del 98,87% de la deuda que la firma mantenía con el Estado.
Los acusados argumentaron que los jueces Boico y Farah tenían una “enemistad manifiesta” hacia el expresidente Macri, lo que, según su defensa, comprometía su imparcialidad. En el caso de Farah, señalaron que había denunciado presiones del gobierno de Macri tras fallar a favor de la excarcelación de Cristóbal López.
En cuanto a Boico, cuestionaron su rol previo como abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli en la causa por el memorándum con Irán. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazaron el pedido de recusación, y la Corte Suprema ratificó esa decisión.
En un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal sostuvo que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable, y que no se había demostrado objetivamente el temor de parcialidad alegado.
Detalles
Además, la Corte intimó a los recurrentes a realizar un depósito económico bajo apercibimiento de ejecución, conforme al artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial. Con este fallo, la causa, que tramita desde 2017 en el juzgado federal de Ariel Lijo, sigue su curso y mantiene bajo investigación a exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, como el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Manuel Mocoroa, además de los directivos de la empresa.
El expediente, que había perdido visibilidad mediática en los últimos meses, vuelve a cobrar impulso y se suma a una serie de causas judiciales de alto perfil que involucran a figuras centrales de la política argentina reciente.
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