En lo que va del año, Javier Milei ya vetó tres leyes: la emergencia en discapacidad, la suba jubilatoria y la extensión de la moratoria previsional. Mientras la oposición del Congreso busca el momento adecuado para insistir con esos proyectos, Diputados le dio media sanción a otras dos iniciativas que el Presidente adelantó que -si el Senado las convierte en ley- también las vetará: la de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”.
Los proyectos ya vetados
SUBA JUBILATORIA
El proyecto ordena un incremento -en todas las jubilaciones menos los regímenes especiales- del 7,2%. El número busca recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados en enero del año pasado cuando la inflación fue del 20,6% y la actualización que otorgó el Ejecutivo en ese entonces fue del 12,5%.
También fija una suba del bono, que actualmente está congelado en $ 70 mil, a $ 110 mil. Y ordena que se actualice periódicamente por inflación.
Según informa la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del aumento del 7,2% es de 1.673.494 millones (0,2% del PIB) para lo que queda del año y asciende a 3.402.182 millones (0,41% del PIB) anualizado.
En lo que respecta al aumento del bono a $ 110 mil móvil, el costo sería de 1.015.676 millones (0,12 % del PIB), con un costo anualizado estimado en $ 3.136.117 millones (0,38% del PIB)
EXTENSIÓN DE LA MORATORIA
Dispone la extensión por dos años de la última moratoria previsional, que el Gobierno dejó caer en en marzo de este año. En un país con altos índices de informalidad laboral, la mayoría de los adultos mayores acceden a la jubilación de esa forma.
La Oficina de Presupuesto estimó que el impacto fiscal total derivado de las nuevas altas previsionales alcanzaría a $ 3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PBI.
EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD
El proyecto que declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional lo hace por dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Plantea la regularización de pagos y la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.
También propone una reforma en el sistema de pensiones no contributivas, refuerza el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y establece la obligatoriedad de cumplir con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto, el costo fiscal total de estas medidas oscila entre $ 2,4 billones (0,28% del PBI) y $ 4,3 billones (0,51% del PBI
Los proyectos que van camino al veto
LEY GARRAHAN
El texto declara la emergencia pediátrica y de las residencias por un año, obliga a actualizar los sueldos del personal y tiene un artículo que deja sin efecto el régimen de becas optativas para las residencias creado por el Ministerio de Salud, de Mario Lugones, vía resolución.
La OPC calculó que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $ 65.573 millones. Anualizada, esa erogación alcanzaría a $ 133.433 millones.
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El proyecto de financiamiento universitario obliga al Ejecutivo a actualizar los fondos de gastos de funcionamiento y los sueldos de universitarios, docentes y no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Además, establece actualizaciones periódicas por inflación.
Por otro lado, define un piso de inversión presupuestaria vinculado al PIB. En este sentido, prevé un crecimiento progresivo del presupuesto universitario, que deberá alcanzar un mínimo del 1% del PBI en 2026, incrementándose gradualmente hasta llegar al 1,5% del PBI en 2031.
La OPC no hizo un cálculo del costo fiscal de este proyecto. Pero de acuerdo al cálculo de la oposición es de un 0,14 % del PBI ($ 1.059 millones) . Mientras que para La Libertad Avanza es más de $ 1.500 millones.
DNUs rechazados; otro punto de conflicto
En la última sesión la oposición rechazó cinco DNUs dictados por Milei que quedarían sin efecto si el Senado también los rechaza:
- DNU 340/2025 de régimen de excepción de la Marina Mercante: Régimen de Excepción de la Marina Mercante: entre sus puntos declara la navegación comercial marítima y fluvial como servicio esencial, lo que limita las huelgas.
- DNU 462/2025 que reforma el INTI y el INTA, entre otros organismos dependientes del Ministerio de Economía.
- DNU 345/2025 que dispone la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano, centraliza el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, entre otros.
- DNU 351/2025 que que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
- DNU 461/2025 que disuelve disuelve la comisión nacional del transito y la seguridad y la dirección nacional de Vialidad.