La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) lanzó una licitación internacional por un monto de 115 millones de dólares que busca garantizar la provisión de Policloruro de Aluminio (PAC), un insumo clave para potabilizar el agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este proceso podría poner fin a una relación exclusiva de 16 años con Transclor, la compañía del empresario Mauricio Filiberti, conocido como el “rey del cloro”.
El llamado a licitación, publicado el 13 de enero en el Boletín Oficial, incluye un contrato para la producción de 7.000 toneladas mensuales de PAC durante un período de tres años, junto con la operación y mantenimiento de la planta productora de este químico, propiedad de AySA. Según la empresa, las nuevas condiciones buscan fomentar una mayor participación de empresas nacionales e internacionales, lo que marca una ruptura con las prácticas anteriores, donde solo Transclor había resultado adjudicataria.
Desde 2009, Transclor ha sido el único proveedor de PAC para AySA, tras ganar licitaciones en 2010 y 2012. En 2015, ante la falta de otros proveedores, la compañía estatal firmó convenios directos con Filiberti, consolidando su posición como socio exclusivo.
En 2023, la compañía resultó ser el único oferente económico en una compulsa de 127 millones de dólares, después de que otra empresa, PPE S.A., no presentara una propuesta económica. Sin embargo, la licitación fue anulada luego de una denuncia judicial impulsada por la Coalición Cívica (CC). Según la fuerza que conduce Elisa Carrió, el proceso habría favorecido a Transclor mediante la elaboración de un pliego “a medida”. Sin embargo, la empresa y un fallo judicial negaron estas acusaciones.
Esa licitación también fue denunciada por el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien en aquel momento pidió que el contrato, que tendría vigencia hasta 2026 con posibilidad de prórroga hasta 2029, sea decidido por el próximo gobierno para garantizar mayor imparcialidad.
El diputado advirtió en su denuncia que la propuesta económica de Transclor excedía el presupuesto oficial en un 0,8 %, un margen permitido por las normas para compras del Estado. Sin embargo, cuestionó la falta de comparativas técnico-económicas con otros coagulantes distintos al PAC, algo que se realiza en otros países para estimular una competencia real y evaluar alternativas más económicas y eficientes.
Ahora, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, AySA implementó modificaciones en los requisitos de la licitación. Entre los cambios más destacados, se encuentran la internacionalización de la compulsa, permitiendo la participación de empresas extranjeras, y la flexibilización de requisitos financieros, como la posibilidad de demostrar solvencia mediante acceso a créditos libres de compromisos contractuales.
La cifra total adjudicada será un 9 % menor que la de la licitación anulada en 2023, lo que representa un ahorro para el Estado.
El PAC es esencial para el funcionamiento de las plantas potabilizadoras de AySA, ubicadas en Palermo, Tigre y Bernal, que abastecen de agua potable a millones de personas en el AMBA. Desde 2009, AySA ha utilizado este químico en reemplazo del ácido sulfúrico, en un cambio que estuvo acompañado por la construcción de una planta productora financiada por el Estado, pero operada por Transclor.
Aunque el contrato actual con Transclor venció a finales de 2023, una serie de extensiones temporales mantuvieron a la compañía en operaciones mientras se resolvía la judicialización del proceso anterior.
El proceso licitatorio podría culminar con la adjudicación y entrada en funciones del nuevo proveedor a mitad de año.
La decisión de abrir la competencia a nivel internacional plantea un desafío directo al histórico vínculo entre AySA y Transclor, que representa un importante porcentaje de la facturación de la compañía de Filiberti.