Todavía sacudido por la salida abrupta de Matías Kulfas tras la filtración de un off the record de su cartera que amenazó con frustar el acercamiento entre el Presidente y Cristina Kirchner, el Gobierno presentó finalmente este lunes el impuesto a la renta inesperada. Se trata de una reforma a la Ley del Impuesto a las Ganancias para aplicar una alícuota por única vez a cerca de 400 empresas, que el Ejecutivo quiere que sea aprobada por el Congreso.
“Siento que tenemos la obligación de dar este debate y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. Como bien dijo Martín, no es una obligación del Frente de Todos, es una obligación de todos los diputados y senadores“, señaló Alberto Fernández al presentar la iniciativa junto a Martín Guzmán en el Museo del Bicentenario frente a un auditorio de ministros, gobernadores, dirigentes sindicales y sociales, y algunos pocos empresarios.
La medida que llegaría en los próximos días al Parlamento crea una sobretasa adicional del 15% del impuesto a las Ganancias para las empresas que ganaron más de $ 1.000 millones en 2022, favorecidas por la suba de los precios internacionales producto de la guerra en Ucrania y cuyos beneficios no provienen de mejoras en la productividad, mayores inversiones, ni de mayor producción, sino del nuevo contexto global.
“Una sociedad es donde ganan todos, cuando unos ganan muchos y millones se empobrecen, eso se parece una estafa, y no estamos para estafas. Hemos venido para equilibrar lo que se ha desequilibrado, no irrumpimos con ninguna norma sacada de la galera, es algo que hizo el mundo antes y ahora”, dijo el Presidente, y comparó la propuesta con iniciativas similares en Reino Unido, Italia y EE.UU.
A su turno, el ministro de Economía repasó el contexto abierto por la guerra en Ucrania, la inflación a nivel global y el “shock” en la distribución de los ingresos por el aumento de los precios en los alimentos y la energía, y justificó la necesidad de crear un mecanismo para gravar la renta inesperada. “Si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor”, sostuvo.
Según explicó, la sobretasa se aplicará sobre la ganancia neta impositiva (según declaración jurada) o la ganancia neta contable (según balance) superior a $ 1.000 millones en el período fiscal 2022 que haya crecido por encima de la inflación. Y deberá cumplir una de las dos condiciones siguientes: que el resultado contable supere en un 10% la facturación en 2022 o que las utilidades sean un 20% mayor a las del 2021.
Guzmán estuvo ajustando detalles con su equipo técnico durante la jornada, en particular con el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias. Luego, por la tarde, los revisó de nuevo con el Presidente en Casa Rosada y recién por la noche, después de cortes de luz imprevistos en su ministerio, empezó a circular el primer borrador. En Economía afirman que la tenían lista hace 10 días, pero se precipitó tras el pedido de Cristina a Alberto de que “use la lapicera”.
Durante el acto, que no superó los 25 minutos, el Presidente renoció las demoras en avanzar con la iniciativa que había sido revelada el 11 de abril por Guzmán en TV y luego días más tarde confirmada durante el anuncio de un bono de refuerzo de hasta $18.000. Esa primera reacción del gobierno coincidió con los reclamos del kirchnerismo de aumentar las retenciones y reflotar el IFE, tras conocerse la inflación récord del 6,7% en marzo.
Desde entonces, la propuesta cosechó algunos apoyos en el Frente de Todos -La Cámpora nunca lo respaldó abiertamente- y el aparente guiño del FMI a un aumento temporal de impuestos sobre el “exceso de beneficios”. Pero casi de inmediato se topó con el fuerte rechazo del empresariado, incluyendo la UIA, AEA y un tractorazo de los productores rurales. Finalmente, cuando ya parecía enterrado, la reaparición de Cristina y la eyección de Kulfas forzó su reflote.
En Economía aseguraban anoche que la medida alcanzará como máximo a 400 empresas. La nueva alícuota se aplicará sobre los balances finalizados luego de la sanción de la ley y durante un año a partir de esa fecha. El Gobierno aspira a recaudar unos $ 200.000 millones en 2023, que serán “coparticipable”, lo que significará más recursos para las provincias y el Ejecutivo, justo cuando se deberá alcanzar un déficit fiscal del 1,9%, tal como se acordó con el FMI.