12 junio, 2025

Desde Córdoba, voces del INTA advierten sobre el impacto de la reforma en el interior del país

En medio de una profunda incertidumbre, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una posible reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. Un decreto aún en elaboración podría modificar sustancialmente la autarquía del organismo, reducir su planta de personal con el despido de alrededor de 1.500 trabajadores y redefinir su estructura de gobernanza, centralizando decisiones que hasta ahora han sido fruto del consenso territorial y técnico. La noticia encendió alarmas tanto en el ámbito nacional como en las unidades regionales, donde se teme por el desmantelamiento de décadas de trabajo conjunto entre el Estado, el sector científico y la producción agropecuaria.

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El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, recibió recientemente a los presidentes de los Consejos Regionales del INTA, quienes le expresaron su preocupación sobre tres pilares considerados fundamentales: gobernanza, regionalización y extensión. “Con respecto a la gobernanza hicimos hincapié en mantener la decisión del sector productivo y científico-tecnológico dentro del organismo”, señalaron los representantes, que también insistieron en que los Consejos Regionales deben seguir teniendo poder de decisión sobre las actividades del INTA en territorio.

Iraeta confirmó que el decreto está en proceso y aseguró que “se están realizando consultas”, en lo que fue interpretado por los consejeros como una señal de posible apertura. En ese marco, entregaron una carta firmada por 21 presidentes de Consejos Regionales y Centros de Investigación, dirigida también a los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), en la que reclaman que cualquier reforma preserve el carácter federal y descentralizado del organismo.

La misiva destaca la magnitud y complejidad de la red institucional del INTA: alrededor de 1.000 dirigentes integran sus Consejos y Centros, con representantes de entidades del agro, gobiernos provinciales, universidades, trabajadores y el sistema científico. “Estamos dispuestos a discutir una reestructuración que mejore y modernice al INTA, pero queremos que sea racional y descentralizada, no caprichosa y centralizada“, afirmaron.

Ecos regionales: la situación en Córdoba

En Córdoba, la preocupación es palpable. En Villa María, la titular de la Agencia de Extensión Rural, Mónica Moretto, advirtió que el INTA está a punto de cumplir 70 años de historia y que la posible reforma genera incertidumbre. “Tenemos un sistema de gobernanza en todos los estamentos, desde las agencias de extensión hasta los centros regionales, conformado por instituciones del agro que nos señalan qué hacer y qué no. Escuchamos la demanda del territorio y actuamos en consecuencia“, explicó en diálogo con Radio 90.1.

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Moretto enumeró algunos de los múltiples programas que se desarrollan con fuerte articulación público-privada. Desde convenios con empresas como Funesil para desarrollar tambos robotizados, hasta proyectos con clústeres industriales y talleres de perfiles sensoriales de quesos. También destacó programas clave como Cambio Rural, que fue “uno de nuestros bastiones para trabajar con el productor desde la extensión”.

Desde Jesús María, la alarma también crece. En esa sede del INTA, un equipo técnico reducido, pero especializado, trabaja en áreas claves como manejo de pasturas y genética, fundamentales para la productividad agropecuaria. Allí se teme el despido de personal no permanente y becarios, así como la venta de predios utilizados para ensayos a campo. Además, preocupa la eliminación de programas como Pro-Huerta, que distribuía semillas a sectores vulnerables.

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El diputado nacional Luis Picat, productor agropecuario de la zona, tiene prevista una reunión con el personal del INTA local. El objetivo es transmitir al Congreso el estado crítico de la institución. Para muchos, Picat representa una oportunidad de tender puentes, dada su trayectoria en el sector.

Un rol estratégico en juego

Desde los distintos niveles del INTA, se coincide en que el organismo cumple una función estratégica como brazo territorial del Estado en el ámbito agropecuario, con fuerte arraigo regional y gran capacidad técnica. Las decisiones que hoy se debaten podrían redefinir no solo la estructura del INTA, sino también su rol dentro del sistema científico-tecnológico argentino.

“Somos el brazo territorial del productor y del Estado también. Tendremos cosas que revisar y mejorar, pero siempre con diálogo“, sentenció Moretto.

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