15 agosto, 2025

La inflación de julio le dio a Milei un respiro, pero anticipa posibles problemas de mediano plazo

Esta vez le resultó más difícil el festejo al gobierno tras la publicación de la inflación de 1,9% para julio. Por segundo mes consecutivo, el dato marca una suba respecto del mes anterior, y las expectativas para agosto son inquietantes, porque recién allí se vería reflejado el “contagio” de la suba del dólar ocurrida a finales de julio.

Claro que, en plena campaña electoral, Javier Milei y Luis Caputo siempre encontrarán la forma de hacer que el número del IPC sea interpretado como una buena noticia. Pero hizo falta aclaraciones, como la del presidente, que eligió festejar que la “inflación núcleo” -la que no depende de precios regulados ni de consumo estacional- había dado 1,5%.

Según ese criterio, el dato que verdaderamente cuenta es ese “IPC núcleo”, porque es el que marca la tendencia estructural de largo plazo. “Mucho efecto estacional. Y el resto, el pase de factura de la resaka kuka”, justificó Milei, con su estilo inconfundible.

Curiosamente, en meses anteriores el presidente no había defendido el mismo argumento. Más bien, al contrario, celebraba la baja a 1,5% de mayo y el 1,6% de junio.  “Lo festejan los argentinos de bien y lo llora todo mandrilandia”, decía Milei, que no hizo mención alguna sobre que la “inflación núcleo” había dado más alta que el IPC: en mayo había marcado un preocupante 2,2% y en junio un 1,7%.

El ministro, por su parte, se contentó con el hecho de que el dato haya dado por debajo de 2% y recordó que desde 2017 no ocurría que tres meses consecutivos tuvieran un IPC inferior a esa marca.

Pero detrás de esos datos, no se puede ocultar que el gobierno ve un riesgo de quiebre en lo que considera el principal logro de su política económica. En julio, el tipo de cambio dio un salto de 12%, y pese a la prédica de Milei en el sentido de que, como la masa de dinero está fija, no puede haber vínculo alguno entre el dólar y la inflación, hubo empresas que aplicaron aumentos.

El propio Caputo se encargó de hablar con las mayores cadenas de supermercados y empresas fabricantes de alimentos para convencerlos de retrotraer los aumentos de precios, que estaban rondando el 9% en algunos rubros de alimentos. El ministro afirma que ese efecto fue neutralizado -sobre todo después de la baja del dólar que se está registrando en agosto- pero lo cierto es que un remanente de esos aumentos quedó firme.

Los relevamientos que hacen las consultoras privadas indican que, en las primeras dos semanas de agosto, el rubro de alimentos -por lejos, el de mayor incidencia en la canasta del Indec- ya acumula más de 1%, y se proyecta que llegue a 2,2% en todo el mes. Según el pronóstico de Eco Go, el IPC de agosto ya empezará con un 2.

Un freno en la mejora de la franja más pobre

Y no es esa la única mala noticia para el gobierno tras la publicación del IPC. Ocurre que, en simultáneo, se publican las canastas que miden la línea de pobreza y la línea de indigencia -centrada exclusivamente en alimentos-.

Y también en ese caso se quebró una racha favorable. Hasta ahora, la tónica del año era que siempre estas canastas se ubicaban por debajo del IPC, lo cual daba pie al gobierno para afirmar que se estaba recuperando el nivel de vida en la franja de menores ingresos.

Por caso, la canasta alimentaria en mayo había registrado una deflación -es decir, se abarató- en un 0,4% respecto del mes anterior. Y, salvo por la excepción de marzo, cuando influyó el aumento en el precio de la carne, se sostuvo por debajo del IPC.

En julio, tanto la canasta básica como la alimentaria registraron un encarecimiento de 1,9%, empatando con el IPC. Si se toma el dato de la acumulación anual, todavía siguen mostrando una variación inferior a la inflación -14,7% la de pobreza y 12,2% la de indigencia, frente a un nivel general de precios de 17,3%.

Es decir, el gobierno todavía puede argumentar con estos números que se está produciendo una disminución en los índices de pobreza e indigencia -el censo semestral de Indec, correspondiente al primer semestre, se publicará en septiembre-. Pero el hecho de que en julio se haya registrado una suba en ambas canastas pone una nota de duda respecto de qué ocurrirá en el futuro.

Mal “timing” para el debate jubilatorio

Hay más datos en este IPC que le pueden traer preocupación al gobierno. Rompiendo una racha de varios meses en los que las jubilaciones crecían a mayor velocidad que la inflación, en julio se quebró la tendencia.

El mes pasado, con un perfecto “timing” político mientras se debatía en el Congreso el paquete de reformas aprobado por la oposición, el gobierno pudo argumentar con cifras que las jubilaciones estaban ganando poder adquisitivo, porque el ajuste de ese mes había sido de 2,78%, frente a un IPC de 1,6%.

Este mes ocurre lo opuesto: Milei intenta blindar su veto a la ley, pero los indicadores no lo ayudan: el aumento jubilatorio correspondiente a julio fue 1,5%, pero los precios subieron 1,9%.

Y esos números son válidos para la jubilación promedio, pero no para la mínima, que está sufriendo el efecto de congelamiento del bono complementario. Así, cuando se calcula la retribución completa a los jubilados de la mínima, el aumento mensual queda reducido a 1,2%.

¿Efecto de la inflación sobre las paritarias?

Y, para completar la lista de problemas que el IPC de julio puede traerle al gobierno, hay que tener en cuenta que, hasta ahora, Caputo ha logrado mantener acotadas las subas salariales, que en pocas paritarias superan aumentos nominales de 1,5% mensual.

Es ilustrativo el caso de los empleados públicos de la administración central, que acordaron ajustes que arrancaron en 1,3% en junio y terminan en 1,1% para noviembre.

Pero muchos de estos acuerdos tienen cláusulas de revisión en caso de que inflación se dispare por encima de las proyecciones oficiales, con lo cual no se debería descartar una mayor presión sindical para revisar las paritarias en los próximos meses.

De hecho, está el antecedente de abril, cuando la CGT realizó un paro general en el que denunció que había una intromisión gubernamental en negociaciones ya cerradas entre sindicatos y cámaras empresariales, que luego no obtenían la homologación oficial de la Secretaría de Trabajo.

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