Era de ver el empeño que Sergio Massa, Alberto Fernández, hasta Axel Kicillof ponían, el miércoles, en encontrarle algún provecho político a la firma de los contratos para construir el gasoducto de Loma de la Lata aunque, con mucho viento a favor, el ducto recién estará operable dentro de un año.
Pasa que en el mientras tanto la realidad real canta que las importaciones energéticas se comen los pocos dólares que le quedan al Banco Central, anticipa quita de subsidios con aumento de tarifas incluidos, muestra una escalada inflacionaria que será difícil desmontar y sigue matando relato.
“Soltamos un poquito las reservas para garantizarles a los argentinos la energía”, dijo el ministro de Economía. ¿Un poquito?
Las estadísticas del INDEC dicen que las importaciones de gas natural, de gas licuado y gas oil ya montaron a US$ 6.609 millones en el primer semestre del año. Y los pronósticos de especialistas estiran la factura de todo el 2022 a US$ 13.500 millones, un récord histórico que superaría en US$ 7.600 millones o en el 130% a la marca de 2021. ¿Un poquito?
Queda, para el caso, la posibilidad de explicar el fenómeno a través del fuerte impacto que la invasión de Rusia a Ucrania provocó en los precios energéticos, solo que ese argumento ni de lejos explica semejante agujero. Según el INDEC, el peso de cada factor en el resultado fue: precios 84% contra 57% de cantidades.
No hay manera de ocultar la realidad, nuevamente: la Argentina compra tanto afuera porque tanto es lo que no tiene o le falta adentro, igual o parecido a lo que sucede con el listón de tramos incompletos que hay, cristalizados, en las cadenas productivas. Todo, dependencia del exterior.
“Estamos cerca de llegar a lo que nos quitaron y privaron. Estamos cerca de la soberanía energética nacional”, se pavoneó Kicillof en el mismo acto apuntándole al macrismo.
Otra vez mucha espuma, mucho grito y pocas precisiones, según surge de los números del INDEC.
El balance entre exportaciones e importaciones energéticas fue durante años superavitario para la Argentina, hasta 2010, cuando se dio vuelta por completo y entró en zona de rojos permanentes. Como los muy fuertes US$ 3.100 millones de 2021; los US$ 7.800 millones en 2013 o US$ 5.200 millones de 2014. Acá cerca en el tiempo, están los US$ 2.650 millones del primer semestre de 2022.
En 2010 Cristina Kirchner ya era presidenta y Kicillof, su asesor de cabecera, avanzaba sobre la jefatura del Ministerio de Economía con una aspiración que coronó en 2013. Luego, el actual gobernador no puede ignorar que para entonces el país ya había perdido el autoabastecimiento energético, por mucho y por obra y gracia de una gestión que lo tuvo en el papel de protagonista central.
¿De qué cosas habla entonces cuando habla de lo que nos quitaron? ¿Y cuál es la soberanía energética que estamos cerca de recuperar? A veces, mejor no andar rompiéndose la cabeza descifrando cualquier construcción.
Desde el comienzo de los comienzos, Néstor Kirchner puso la mira en el manejo del sector energético al que, viniendo de una provincia petrolera, conocía en varios de sus formatos más interesantes, incluida la riqueza potencial y unas cuantas entretelas del negocio.
Pariente directo de ese objetivo fue el modelo de gestión poblado de funcionarios salidos de La Cámpora que armó Cristina. Donde algunas de las claves pasan por controlar el mercado eléctrico y a los entes reguladores y a la empresa importadora del siempre caro gas licuado, además, encargada del gasoducto de Loma de la Lata.
Sin gastar mucha imaginación y quizás empujado por Kicillof, de ese conglomerado brotó un clásico del kirchnerismo: el congelamiento de las tarifas de la electricidad y del gas. En continuado, le siguió un impresionante retraso de los precios.
De nuevo, los datos del INDEC. Revelan que en los dos años largos que lleva este gobierno la inflación acumula un 200% redondo contra el 53% que, durante el mismo período, subieron las tarifas en al área metropolitana de la Capital y el Conurbano. La brecha y el retraso tarifario significan 143 puntos porcentuales y una distorsión tan grande como insostenible y difícil de achicar.
También aplicado sin demasiado esfuerzo, acompaña al desbarajuste un gasto en subsidios energéticos que corre al 95% nominal contra 2021 o al 22,8% descontada la inflación y que, entre enero y julio, ha sumado $ 922.000 millones.
A raíz de un DNU de mediados de junio, la partida autorizada para todo el año creció hasta 1,6 billón de pesos y deja libre, así, un resto próximo a $ 700.000 millones para agosto-diciembre. La cifra final de 2021 había sido un billón de pesos.
Con el telón de fondo del ajuste fiscal, una pregunta salta sola ahora: ¿seguirá la política de manos libres en el espacio que Cristina Kirchner maneja personalmente o habrá interferencias conflictivas? Por de pronto, la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, sigue demorando la segmentación tarifaria con quita de subsidios.
Algo semejante, aunque de un palo diferente, ocurre con el transporte público de pasajeros. Tras aumentos que sumaron 84% desde enero de 2020, el sector acumula un retraso tarifario de 116 puntos porcentuales; anota entre enero y julio subsidios por $ 190.000 millones, con un cupo anual de $ 374.000 millones y un incremento nominal del 93,8% respecto de 2021.
También subida al tren de las buenas ondas, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti habló el jueves de “una sensación de estabilidad en muchísimos temas” aunque reconoció que el índice de precios de julio no fue el que esperaban “ni el que creemos que tenemos que tener”.
Obviamente, el índice de julio fue el que fue: 7,4%, el más alto en 20 años. Ninguna sensación de estabilidad sino un nuevo salto hacia el 90% o el 100% anual, o sea, rumbo a un registro que supera en unos 40 puntos al 50,9% de 2021 y en 50 largos al 36,1% de 2020, cuando arrancó la actual versión del kirchnerismo.
No hay nada nuevo en decir que cuanto más arriba se encuentra la inflación más trabajo cuesta bajarla y que lo mismo pasa cuando corre a la velocidad que corre: que consumirá tiempo y esfuerzo empezar a frenarla.
La cuestión empeora si, encima, existe una estructura de precios llena de distorsiones; entre ellas, bienes que en los últimos doce meses han aumentado 106% como la ropa, y servicios que van al 39,4 o al 41%, como el costo de la electricidad y el gas y el del transporte público de pasajeros.
Sólo unos ejemplos más para este boletín. En los escalones de arriba tenemos también 96% en prepagas; 88% en azúcar; 76% en pan y cereales y 73% en verduras. En los del medio para abajo encontramos Internet y telefonía, con 33%; los combustibles en 48% y el 42% del tabaco.
Está claro, a la vista, que el cuadro empeora de mes en mes y que darlo vuelta implicará, a ese paso, poner en acción un plan antiinflacionario cada vez más ingenioso, sólido y articulado. Empezando por un sistema que desindexe la economía.
Comunicado del Banco Central: “Continúa la normalización de la tasa de política monetaria”. ¿Y a qué le llama normalización el BCRA? A la suba de la tasa que sirve de pauta para el mercado y apunta a contener al blue: ahora del 60 al 69,5% anual o al 96,8% en la efectiva anual.
Así, en plan de acercarla a la inflación, le pegó un saque de 18 puntos porcentuales en menos de un mes, desde el 52% de fines de julio. Evidente: la verdadera normalidad sigue alejándose.