El Gobierno oficializó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) con el objetivo de vender al menos el 51% de sus acciones para que un privado controle la compañía bajo el formato de concesión. Para lograrlo, flexibilizará la posibilidad de realizar cortes de servicio, hoy vedadas, y además ofrecerá condiciones para la actualización de tarifas.
Según pudo saber PERFIL, en los próximos días el Ejecutivo definirá un nuevo marco regulatorio vía DNU para permitir que se realicen suspensiones del suministro a usuarios por falta de pago, y que el aumento de los precios sea de forma regular, con algún mecanismo anclado a la inflación.
La gestión de Javier Milei busca así que la empresa sea más atractiva a los inversores que ya desde hace meses frecuentan de manera informal las oficinas de AySA. Como contó este medio, un consorcio de privados locales evalúa hacer una oferta conjunta a la empresa al igual que capitales brasileños que tienen interés en la distribuidora de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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Hasta ahora, los cortes parciales de servicio a los hogares solo ocurren si acumulan dos períodos de facturación impagos y los aumentos de tarifas los decide el Ministerio de Economía de forma arbitraria. En Argentina el agua potable es considerada un servicio público esencial. Esto significa que su interrupción total puede poner en riesgo la salud pública, la higiene y las condiciones de vida básicas de las personas.
Cómo será la venta de AySA
Amparada en la Ley de Bases, la administración libertaria articuló un plan para vender la firma: el Estado planea ofrecer el 51% de las acciones en una licitación pública, colocar el 39% en la Bolsa y dejar el 10% restante para los empleados de la empresa.
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De acuerdo a fuentes al tanto de las negociaciones, tras el DNU se resolverá un nuevo contrato de concesión y un pliego de licitación para dar en concesión la operación del servicio, ya que los activos no se venderán sino que el Estado sólo cede a un privado los derechos de explotación de la empresa. El proceso entero duraría alrededor de un año.
El argumento del Gobierno
El vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que la decisión de privatizar el servicio se debe a que “desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes permanentes del tesoro nacional totalizando un total de u$s13.400 millones, hasta 2023”.
“En este sentido, indicadores claves marcan que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa, los costos operativos, donde por ejemplo la dotación creció un 90% durante la gestión estatal, y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio”, añadió.
Y agregó: “Este Gobierno se encontró que se gastaron en AYSA más de u$s4.800 millones solo en la última gestión. Con todo ese presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña, hubo u$s200 millones destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva”.
Privatizaciones para conseguir dólares
La empresa de agua potable es punta de lanza de una ola de privatizaciones que el Gobierno ya definió cómo hacerlas y cuál es el capital que puede transformar en divisas, que irían directo a las reservas internacionales como fuente de financiamiento. Ese objetivo lo explicitó el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando en el streaming Carajo aseguró que podrían ingresar al Tesoro entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación de las represas del Comahue. “Va a haber venta de activos por miles de millones de dólares”, planteó luego de destacar que “la forma” en la que el Estado acumuló reservas “las decide el Gobierno nacional, no necesariamente tiene que comprar (el Banco Central divisas) en el piso de la banda de flotación”.