Este 22 de abril se cumplen 40 años del inicio del Juicio a las Juntas, uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia argentina y mundial. Se trató de la primera vez que un país democrático juzgó a los responsables de una dictadura militar ante tribunales civiles. Impulsado por el gobierno de Raúl Alfonsín, con el respaldo de organismos de derechos humanos y sectores del sistema político, el proceso marcó un hito en la búsqueda por memoria, verdad y justicia.
El proceso judicial comenzó en 1985, menos de dos años después de la recuperación democrática, y sentó en el banquillo a los comandantes de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Los delitos de lesa humanidad juzgados incluyeron desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y apropiación de menores, todos cometidos en el marco de un plan sistemático de represión ilegal.
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La relevancia del hecho no radicó únicamente en su dimensión judicial, también fue un acto de pedagogía cívica que permitió a la sociedad argentina escuchar los testimonios de las víctimas, dimensionar la magnitud de los crímenes y desarticular los discursos negacionistas. En total, declararon 833 personas en 530 horas de audiencias. El proceso culminó con la condena de cinco altos jefes militares, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, y la absolución de otros cuatro.
El Juicio a las Juntas fue el resultado de una decisión política tomada en los primeros días de la recuperación democrática. En un contexto de fuerte presión militar y miedo social, el gobierno de Alfonsín impulsó la investigación de los crímenes de la dictadura y habilitó su juzgamiento. Además, el respaldo de organismos de derechos humanos y de sectores del sistema político fue clave para que el proceso avanzara.
¿Cuál fue el rol del gobierno de Alfonsín en el Juicio a las Juntas?
A solo tres días de asumir la presidencia, el 13 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín firmó el decreto 158/83 que ordenaba someter a juicio a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares responsables de violaciones masivas a los derechos humanos. Paralelamente, firmó el decreto 157, para investigar también a los líderes de las organizaciones armadas, siguiendo el marco de la “teoría de los dos demonios”.
El objetivo de Alfonsín no era sólo simbólico. Frente al intento de las Fuerzas Armadas de garantizarse impunidad a través de las leyes de autoamnistía que habían dictado antes de dejar el poder, el nuevo gobierno democrático tomó una decisión sin precedentes: abrió el camino institucional para juzgar los atroces crímenes cometidos desde el Estado.
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Aunque el decreto original preveía que el juicio se realizara en primera instancia ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, las demoras por parte de la justicia militar llevaron al gobierno a respaldar el traspaso de la causa a la Cámara Federal en lo Criminal de la Capital Federal. Así, el proceso se desarrolló en la justicia civil, garantizando mayor independencia y transparencia, lo que convirtió a este juicio en un precedente único a nivel internacional.
Estas decisiones contaron con el respaldo de parte del Poder Judicial y del Congreso Nacional, que en 1984 aprobó la Ley 23.049 para habilitar legalmente al traspaso de la causa a la Cámara Federal. Además, se implementaron reformas en el funcionamiento del sistema judicial para asegurar la autonomía de todos los magistrados involucrados en el proceso.
Simultáneamente, la gestión de Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por Ernesto Sábato. En septiembre de 1984, la comisión presentó el informe Nunca Más, que documentó cientos de casos de desapariciones y torturas. Con más de 50 mil páginas de testimonios y documentos, ese trabajo se convirtió en una pieza fundamental del proceso judicial, al aportar gran parte de la base probatoria que luego se utilizó en el juicio.
Además de enfrentar presiones internas, el presidente radical debió liderar un proceso de justicia sin precedentes en América Latina, enfrentando la amenaza constante de posibles levantamientos militares. Pese al riesgo, su gobierno impulsó el juicio como respuesta institucional a los crímenes de la dictadura y como una herramienta para fortalecer el Estado de derecho en la transición democrática.
Sin embargo, años después de que finalizara el Juicio a las Juntas, organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Alfonsín buscó clausurar el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, impulsando las leyes de “Punto Final” (1986) y “Obediencia Debida” (1987). Ambas normativas fueron sancionadas en un contexto político extremadamente frágil, atravesado por las sublevaciones de los carapintadas y el riesgo de una nueva desestabilización institucional.
LT