El ministro de Seguridad es cuestionado por un amplío sector de la oposición por las medidas aplicadas para frenar la ola de violencia en Santa Fe.
Tras la fuerte presión de la oposición y en medio de la conmoción que se vive por la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, responde este martes ante en la comisión de Seguridad Interior de Diputados sobre las políticas que se están instrumentando en la ciudad santafesina ante el fuerte avance del crimen organizado.
La presencia de Fernández fue acordada el martes pasado durante una sesión especial que se realizó para debatir la moratoria previsional, entre el bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), luego de un pedido de interpelación presentado por Juan Martin (UCR – Santa Fe).
Si bien el oficialismo rechazó el pedido de interpelación a Fernández, se consensuó con la oposición que el ministro concurra a exponer ante la comisión del área, que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez.
La presentación del ministro se da en medio de las fuertes críticas a la política del Gobierno para combatir el narcotráfico. Incluso, Fernández estuvo este miércoles en Rosario con el fin de recibir a los efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.
Fue tras el ataque a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo con un mensaje mafioso dirigido a Lionel Messi que el presidente Alberto Fernández decidió anunciar el envío de gendarmes y efectivos de la Policía Federal, para totalizar 1.400 nuevos agentes, que se sumarán a los 4.000 que están en Rosario.
El ministro de Seguridad también llegará al Congreso tras el plenario de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal en el cual se emitió dictamen sobre el proyecto de fortalecimiento de la justicia de Santa Fe, que apunta a instrumentar el sistema acusatorio para poder avanzar con mayor rapidez en las causas sobre narcotráfico.
El proyecto diseñado por el diputado del FdT Roberto Mirabella, y respaldado por los diputados santafesinos, busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.
Para que estas modificaciones entren en funcionamiento debe conformarse además la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que Cristina Kirchner mantiene congelada al no designar a los representantes del Senado, ya que los diputados fueron nombrados.