El miércoles se dio a conocer las conversaciones sostenidas por WhatsApp entre Rodrigo Falcón, expareja de Andrea Vidal, y una de sus allegadas, Alexandra Gil, quien también trabajó en el Congreso antes de que se destapara una presunta red de prostitución que operaba dentro de esta institución.
Los mensajes revelados por el programa Milagros Leiva Entrevista de Willax reflejan los momentos de angustia previos a la noticia del ataque que sufrió Vidal a mediados de diciembre en el distrito de La Victoria, una balacera que acabó con su vida y la del conductor del vehículo en el que se trasladaba.
“Salió de mi casa 8:30. ¿Quién nos puede ayudar?“, preguntó Falcón, según las conversaciones divulgadas en el programa. ”Isabel… ¿la llamaste?“, replicó Gil en eventual referencia a Isabel Cajo, también implicada en este escándalo que es investigado por Fiscalía.
Minutos después, se lee una nueva actualización en el chat. “Dile a Peca (presuntamente otra amiga), por favor. Su papá me dice que hubo balacera, y ha habido un muerto. Necesito saber dónde está”, escribió Falcón. Posteriormente, envió un enlace que reportaba el ataque y, a las 22:55 horas, anunció la tragedia: “Confirmado, Andrea recibió la bala. Está en el Hospital 2 de Mayo”.
En una entrevista pasada en el mismo programa, Gil confirmó que mantuvo conversaciones con la expareja de su amiga, quien notó que su ubicación no cambiaba tras haberla embarcado en un taxi por aplicación. “Por televisión se enteraron de que hubo una balacera en el mismo lugar donde se veía la localización de Andrea”, dijo al asegurar que la Policía aún no la ha citado para declarar sobre el caso.
La extrabajadora parlamentaria también rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en la red de prostitución. “Yo ni siquiera conozco congresistas y funcionarios (…) Dicen que hemos llegado a nuestros puestos de trabajo por favores sexuales. Nosotras tenemos estudios y estamos preparadas para nuestros puestos”, dijo.
Según la necropsia, Vidal recibió siete impactos de bala, uno de ellos mortal en la cabeza, mientras que el taxista que la trasladaba sufrió 16 impactos, lo que sugiere una ejecución planificada. Los peritajes indican que los sicarios dispararon desde vehículos en movimiento, con 62 casquillos encontrados en la escena, todos procedentes de pistolas.
El vehículo presentó 25 impactos, y el análisis forense ratificó que el ataque fue deliberado. La necropsia de Vidal, quien falleció una semana después de haber quedado en estado crítico, determinó que la causa de su muerte fue una laceración encefálica provocada por una herida penetrante en la cabeza, producto de un disparo. La abogada también presentó múltiples heridas de entrada y salida en la cabeza, tórax y extremidades inferiores.
Por su parte, el conductor sufrió heridas penetrantes y perforantes, lo que provocó un traumatismo múltiple y un deceso en el acto. El informe médico-legal detalló que los daños mortales afectaron el tórax (laceración pulmonar con hemotórax izquierdo), el abdomen (laceración hepática con hemoperitoneo) y el cráneo (hemorragia subaracnoidea).
El acta de levantamiento de cadáver señala que Vargas no recibió atención sanitaria y que su muerte se produjo entre 13 y 15 horas antes del inicio de la necropsia. De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, en el auto fueron hallados dos celulares iPhone. Uno, de uso personal, estaba bloqueado con clave de seguridad. El otro pertenecía a Falcón, quien lo entregó voluntariamente a la Policía.
El principal implicado en este escándalo es Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal del Congreso e investigado por presunta explotación sexual, colusión y negociación incompatible, quien ha negado los cargos.
Las autoridades han identificado elementos que sugieren que el asesinato de Vidal podría no haber sido un hecho aislado. Aunque inicialmente se planteó que el ataque estaba dirigido contra el conductor del taxi en el que viajaba la abogada, las investigaciones han revelado indicios de que su muerte podría estar relacionada con una red de prostitución y abuso de poder dentro del Congreso. Este caso ha sacudido aún más la ya deteriorada imagen del Parlamento peruano, que enfrenta acusaciones de nepotismo, contrataciones irregulares y un supuesto uso indebido de recursos públicos.
Pese a las pruebas balísticas que apuntan a un ataque premeditado, las versiones sobre el objetivo real del crimen han sido contradictorias. Mientras que algunos sectores insisten en que el ataque estaba dirigido al taxista, José Daniel Briceño. El hermano de este último ha negado que la víctima haya recibido amenazas previas. Estas declaraciones han generado dudas sobre la hipótesis inicial y han llevado a los investigadores a explorar otras posibles motivaciones detrás del asesinato.
En paralelo, las investigaciones han sacado a la luz una serie de irregularidades dentro del Congreso. Se han encontrado conversaciones de WhatsApp comprometedoras que involucran a funcionarios parlamentarios, así como evidencias de contrataciones de personal sin experiencia para ocupar cargos clave con altos salarios. Estas prácticas han sido calificadas por algunos sectores como un intento de copar las oficinas parlamentarias con personas vinculadas a ciertas organizaciones políticas, lo que ha generado una ola de indignación pública.