A pocas horas de haberse reunido el llamado Consejo de Mayo, el Gobierno decidió avanzar a toda velocidad con la reforma laboral. Pese a las advertencias de las centrales sindicales y al clima enrarecido dentro de la propia mesa de negociación, la Casa Rosada confirmó que el 9 de diciembre enviará el proyecto al Congreso. Ese mismo día, según afirmaron a distintos medios funcionarios oficialistas y el diputado del PRO Cristian Ritondo, darán a conocer el texto completo de la norma que el Ejecutivo pretende aprobar en 2026. La fecha elegida se debe a que del 10 al 31 de diciembre se habilitarán las sesiones extraordinarias del Congreso donde primero el Gobierno intentará aprobar el proyecto de Presupuesto 2026.
Sin embargo, fue una reunión marcada por la tensión. La reunión, encabezada por Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete, contó además con la presencia del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el propio Ritondo; el titular de la UIA, Martín Rappallini; y Martínez como único representante sindical.
El representante de la CGT en la mesa, Gerardo Martínez, antes de ingresar y al retirarse de la Casa Rosada, lanzó cuestionamientos contra el Gobierno y su plan de reforma laboral. “Hablar de una reforma laboral en la Argentina es un hecho insólito e inédito y que la CGT de ninguna manera va a aceptar”.
También advirtió que “Si no somos escuchados ni atendidos y se busca romper estructuralmente los derechos constituidos, seguramente la CGT tome una definición.”, remarcó el dirigente. Para buen entendedor, pocas palabras: aún la CGT no tiene una definición. A pesar del tono desafiante, el sindicalista dejó una puerta abierta respecto su apoyo al proyecto, al señalar que esperará a conocer la letra fina antes de definir si la central obrera acompañará o no la iniciativa, dejando entrever que las críticas aún no son definitivas.
Todavía queda una reunión más del Consejo previa la publicación del proyecto final para cerrar cuáles serán los lineamientos principales. Entre los ejes discutidos se encuentran verdaderos ataques a conquistas históricas de los trabajadores a nivel individual y colectivo como el derecho a huelga, organización sindical, eliminación y tope a las indemnizaciones por despido, flexibilización y aumento de la jornada laboral, la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros.
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La magnitud de la reforma laboral y su rechazo obligó al Gobierno a relegar otros temas inicialmente incluidos en la agenda del Consejo, como la reforma previsional y la redistribución de fondos coparticipables, por el momento.
Hasta el momento la CGT se comprometió a su rol de negociador de la reforma, dentro de esa mesa chica, sabiendo que los intereses de la UIA, patronales, junto a La Libertad Avanza, el PRO y algunos gobernadores aliados vienen por un enorme recorte de derechos que va a exponer a mayor explotación y pobreza a los trabajadores y trabajadoras. No hay rosca que beneficie a los sectores populares en el consejo, o donde sea, como se viene mostrando.
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Mientras el Gobierno apuesta a negociaciones a puertas cerradas, crece la convicción de que solo la movilización sostenida podrá enfrentar una reforma que amenaza con destruir derechos laborales históricos. Prepararse desde ahora, exigir que las conducciones sindicales convoquen medidas de fuerza reales y construir un movimiento capaz de detener estas políticas no solo es urgente: es posible. a. Los sectores combativos ya se empiezan a reunir y mover para poner en pie un frente de lucha contra la reforma laboral y todos los ataques.