El sorteo de la primera denuncia contra Javier Milei derivó la causa por el Criptogate al despacho de María Servini, quien resultó ser una persona cercanísima al apoderado partidario de La Libertad Avanza, Santiago Viola.
Fuentes del gobierno admitieron ante LPO que el joven abogado, responsable del armado político junto a Karina Milei, le decía “tía” a la jueza que terminó concentrando todas las denuncias que formarán parte de la causa.
La relación de Servini con Viola está mediada por la amistad de la jueza con la madre del joven abogado, la letrada Claudia Balbín. Identificada con el radicalismo, Balbín acredita lazos aceitados con los tribunales y se le adjudica la participación en encuentros en el Hotel Presidente con el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el ex fiscal y ex funcionario de la AFI Eduardo Miragaya.
Un dirigente libertario contó a LPO que se reunió con Servini mientras presentaban avales para el trámite jurídico y la magistrada se mostró “entusiasmada” con el partido. “Mi sobrino está con ustedes”, decía extasiada la titular del Juzgado Electoral de la Ciudad.
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Lo curioso es que, en medio de la desesperación de su hermano por el escándalo internacional que produjo al recomendar la shitcoin $LIBRA, Karina habría mandado al propio Viola a sondear en Comodoro Py si convenía que el Presidente se autodenunciara. La propia Balbín, además de algún actor de peso en pasillos judiciales, desaconsejó la maniobra y por eso en Casa Rosada eligieron el camino de la creación de una UTI (Unidad de Tareas de Investigación).
Como sea, un dirigente experimentado entre los libertarios consideró que el Criiptogate es “un quilombo a medias”. “Las denuncias cayeron en el juzgado de la jueza Servini, que tiene amigos y el sobrino de ella dentro del gobierno”, dijo.
Mi sobrino está con ustedes.
El fiscal del caso será Eduardo Taiano, a quien el kirchnerismo le factura haber sido quien sostuvo que Alberto Nisman fue asesinado. “El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI- AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”, concluyó en el informe de 56 carillas de la investigación.
Viola, por su parte, fue abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez pero también fue acusado por el juez Sebastián Casanello de haber plantado testigos falsos para sacarlo de la causa de la “ruta del dinero K”.