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El anuncio del Gobierno de que el presidente Javier Milei firmará en los próximos días el decreto que declara a Aerolíneas Argentina «sujeta a privatización» tuvo bajo impacto político en el Congreso y, particularmente, en la Cámara de Diputados donde esta semana arrancó el tratamiento de dos proyectos que impulsan la venta de la línea aérea. Sin embargo, se encendieron alertas en el oficialismo por lo complejo que será el cronograma del debate que se cruza con el análisis del Presupuesto 2025, clave para los libertarios.
Por lo pronto, la diputada radical Pamela Verasay, presidenta de la comisión de Transporte, confirmó que el próximo martes no habrá plenario de la comisión para tratar la privatización de Aerolíneas porque está convocada la sesión y el miércoles es difícil que se reúnan los diputados porque para ese día está convocada la marcha universitaria que tendrá como eje el rechazo al veto de la ley de Financiamiento Universitario.
Verasay aclaró que el anuncio del decreto de Milei «no altera el trabajo que se viene realizando en el plenario de comisiones», participa también la de Presupuesto que encabeza José Luis Espert. De acuerdo a lo explicado por la legisladora que responde al gobernador Alfredo Cornejo, lo que hará el Poder Ejecutivo es disponer «el envío de la norma en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado y al efecto de sumar su intención declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas a las que ya se encuentran manifestadas en los proyectos que están en tratamiento».
En rigor, la jugada del Gobierno es apelar a una ley aprobada durante el menemismo para acelerar el trámite en el Congreso. Lo explicó el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalar que el artículo 9 de la ley de Reforma del Estado establece que la declaración de «sujeta a privatización» es potestad del Ejecutivo, pero la aprobación siempre dependerá del Congreso.
Lo que pretende la Casa Rosada al anunciar la publicación del decreto es que el Congreso le otorgue «un trámite parlamentario de preferencia» a su pedido de privatización de Aerolíneas. Incluso cuando se trató el plan de privatización promovido desde la Ley Bases, los dialoguistas aconsejaron al Gobierno emitir el decreto de «empresa sujeta a privatización».
José Rolandi, vicejefe de Gabinete y Franco Mogetta, secretario Transporte, durante la primera reunión del plenario que debatió la privatización de Aerolíneas. Foto: Juano Tesone.
Martín Menem se mostró más cauto con el cronograma de privatización de Aerolíneas
En la oficina de Martín Menem, como en todo el oficialismo, se mantiene el entusiasmo por la ofensiva lanzada para privatizar la línea aérea tras los paros salvajes realizados por los gremios aeronáuticos. Sin embargo, los operadores libertarios tuvieron un baño de realidad y ahora ven que no puede ser todo un trámite exprés, sobre todo cuando tienen un bloque de menos de 40 diputados y dentro de los aliados no todos comulgan la idea de ir por la privatización de Aerolíneas en el actual contexto.
Está claro que los libertarios cuentan con el apoyo del PRO, ya que uno de los dos proyectos es impulsado por Hernán Lombardi -el otro es de Juan Manuel López de al Coalición Cívica- y así se podría arrimar a unos 80 votos con otros aliados.
Pero las dudas surgen dentro del radicalismo. Esta semana, Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada, evitó durante la reunión de bloque buscar una definición general sobre el debate de Aerolíneas. Pero lo que está claro es que dentro del espacio hay «una clara mayoría» que está de acuerdo con «la desestatización» de la compañía, dejando para una segunda etapa si será una concesión, privatización parcial o total.
«No es sensato, desde lo público, sostener una empresa con esos niveles de déficit, esa cantidad de personal por avión y es falso que una aerolínea privada no haga vuelos a ciudades chicas, eso se puede resolver», reflexionó un importante diputado radical frente a este diario.
También existen dudas sobre el acompañamiento de los bloques federales y provinciales, que hasta ahora se mostraron herméticos aunque algunos en off dejaron trascender el rechazo a la privatización. Mientras que en la Coalición Cívica, que tiene dos representantes en el plenario de comisiones con Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, hay decisión de acompañar la privatización y ven la reciente maniobra del Gobierno como un gesto por «tomar la iniciativa».
En el kirchnerismo, que defiende la estatización de Aerolíneas, hubo cautela y silencio frente al anuncio del Gobierno. Julia Strada salió en la redes advirtiendo que sería «un mamarracho» si Milei avanza con la privatización por DNU. Y el bloque de Encuentro Federal, que preside Miguel Angel Pichetto, ya dejó en claro a través de Nicolás Massot que quiere precisiones sobre cómo se hará la privatización aunque están dispuestos a acompañar.
Nicolás Massot pide al Gobierno precisiones sobre la privatización de Aerolíneas. Foto: Juano Tesone.Más allá de la presión del Gobierno por acelerar la venta de Aerolíneas, en el entorno de Martín Menem reconocen que ahora «el panorama es complejo», por lo menos en lo inmediato. Primero porque la próxima semana, el oficialismo tiene un importante test, ya que está convocada una sesión para tratar, entre otros temas, la Boleta Única de Papel (BUP), que Diputados aprobó con otra conformación en 2022 y ahora la propuesta regresa para una nueva revisión después de los cambios que se realizaron en el Senado.
A eso se suma que comienzan a correr los tiempos para el tratamiento en comisión del Presupuesto 2025, que Milei presentó personalmente en el recinto de la Cámara baja y que el Gobierno ve difícil que lo pueda aprobar antes del cierre del período ordinario de sesiones. Por ahora, la fecha tentativa para que se trate en el recinto de Diputados es el 27 de noviembre y de ser aprobado deberá ser girado al Senado.