La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió tratar este año el caso de Ignacio Rodríguez Varela, quien recién fue nombrado juez en el 2018 pese a haber ganado desde hacía años 36 concursos en el Consejo de la Magistratura, y se convirtió en un caso testigo contra la discriminación política.
Sucede que su postulación fue bloqueada sistemáticamente por una decisión política de Cristina Kirchner de evitar que un hijo del ex ministro de Justicia de la dictadura, Alberto Rodríguez Varela llegara a ser juez de la democracia. Lo discriminaron por “portación de apellido”, explicaron diputados de Juntos por el Cambio.
Además, Rodríguez Varela fue la mano derecha del fiscal José María Campagnoli durante años y colaboró en la causa de la Ruta del Dinero K antes de que pasara al fuero federal. En el 2012, cuando la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó disolvió la secretaría de investigaciones penales de Campagnoli y mandó, castigado, a Rodríguez Varela a un entrepiso casi sin ningún equipo.
Recién el gobierno de Maurio Macri dio los votos en la Magistratura para que fuera nombrado juez tras años de persecución ideológica de parte del kirchnerismo.
En un informe de admisibilidad, la CIDH repasó el caso que se inició en el 2013 en esa entidad internacional y rechazó la posición del gobierno de Alberto Fernández de tratar la petición de Rodríguez Varela de transparentar los concursos para elegir jueces. Es la misma CIDH que en 1979 armó la primera lista de desaparecidos de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional.
Rodríguez Varela, ahora miembro de la cámara penal en lo criminal de la CABA, denunció que “fue discriminado y privado de acceso a los respectivos cargos debido a su parentesco o su ideología política”. También alegó que “no ha tenido acceso a un recurso efectivo contra la discriminación sufrida; que él y su esposa han sido víctimas de persecución laboral; y que los referidos concursos no se desarrollaron en conformidad con las normas aplicables”.
El gobierno, a través del ministerio de Justicia que conduce el cristinista Martín Soria, consideró que la petición debía “ser archivada porque no subsisten sus motivos” en la medida que fue nombrado juez durante la gestión de Mauricio Macri. Y su reclamo “no expone hechos que caractericen una violación de derechos garantizados por la Convención Americana”.
Sin embargo, la CIDH aceptó “proceder con el análisis del fondo de la cuestión” y fue aprobado por Julissa Mantilla Falcón, Presidenta; Stuardo Ralón Orellana, Primer Vicepresidente; Margarette May Macaulay, Segunda Vicepresidenta; Esmeralda E. Arosemena Bernal de Troitiño, Joel Hernández, Roberta Clarke y Carlos Bernal Pulido.
Rodríguez Varela reclama que la CIDH recomiende al Estado argentino que se realicen “cambios de legislación y reglamentos que reduzcan el margen de discrecionalidad y eviten o expongan la arbitrariedad”como le pasó a él en los concursos para ser juez.
Por ejemplo, cambios “en la conformación de ternas según el modelo inicial, que limita siempre a no más de dos ternados por sobre el número de cargos” a ocupar.
Así en un concurso para cubrir 4 cargos de juez federal a los miembros del Consejo de la Magistratura “se les permite llegar al candidato que salió 12, y en terna complementaria hasta el que salió en la posición 24” tras los exámenes de rigor.
“Esa y otras maniobras son formas de licuar el orden de mérito de pruebas y exámenes y acercar el sistema de designación de jueces nacionales y federales al de “bolsa de candidatos” que se usa en la provincia de Buenos Aires”, resumió una fuente a Clarín que conoce el pensamiento del juez.
“Eso es expresamente contrario a lo poco que dice la Constitución, que es que el Presidente tiene que atenerse a elegir de la terna que se le presente, terna que son 3, no 24”, explicó la fuente.
Después, Rodríguez Varela pide que “como corresponde a cualquier acto de gobierno, que el presidente deba fundar por qué elige a un candidato de la terna y no a otro. Es algo básico que exige la ley de procedimientos administrativos y también las normas internacionales en materia de transparencia y combate de la corrupción”.
Hasta ahora el presidente “emite un decreto que no tiene ningún considerando y solo dice “se propone a tal para tal cargo””.
Cuando Néstor Kirchner sacó en 2003 los decretos de supuesta “autolimitación” para la designación de jueces de la Corte y tribunales inferiores federales y nacionales estableció la fundamentación solo para los primeros.
Para Rodríguez Varela, si se implementarían estas medias, “dejaría más expuestas las arbitrariedades y contribuiría al control de estos actos de gobierno que son importantísimos, como nombrar jueces”.
“Los funcionarios deben fundar la compra de biromes pero no la elección y propuesta de un juez”, enfatizó la fuente.
A estas propuestas se pueden llegar entre un acuerdo entre el peticionante y el Estado denunciado, o de una recomendación de la CIDH si el país no se allana a respetar el pacto de San José de Costa Rica” sobre derechos humanos.