El presidente de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, intimó al juez subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, por desobedecer una orden judicial de no avanzar en la entrega de tierras del Ejército a favor de una comunidad Mapuche. El 17 de marzo, el magistrado patagónico había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional inscribir las hectáreas reclamadas por una comunidad mapuche.
En disputa judicial se encuentran 180 hectáreas afectadas desde la década del ´60 a la Escuela Militar de Montaña del Ejército Juan Domingo Perón. Fue la comunidad Millalonco Ranquehue la que reclamó poseer los derechos ancestrales sobre dicha extensión de tierras.
La causa iniciada en 2012 derivó en un amparo a favor de la comunidad originaria, en el marco del cual fueron intimados varios organismos públicos: el INAI, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quedando a cargo del INAI la representación del Estado nacional en virtud de la temática.
La jueza subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez firmó la resolución a través de la cual hizo lugar a la demanda planteada por la Comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue y, en consecuencia, ordenó “al Poder Ejecutivo Nacional a que en el término de 60 dias a partir de que quede firme esta sentencia, transfiera a titulo gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras”.
Con la finalidad de revertir la decisión de la justicia federal de Bariloche, y por orden del ministro de Defensa Jorge Taiana, el año pasado el Ejército Argentino presentó a la Cámara de General Roca el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La institución armada es el custodio legal de las 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la Escuela de Montaña Juan Domingo Perón.
A su vez, la justicia federal investiga el accionar del Ejército que apeló la decisión de entregar las tierras fuera de los términos legales, dejando firme aquella resolución judicial.
En medio de esa disputa, desde Comodoro Py se firmaron dos decisiones: a fines del 2022, el juez Daniel Rafecas reiteró al gobierno de Río Negro que el organismo de la Propiedad Inmueble registre que esas tierras están bajo una investigación judicial y que no pueden cambiar de propietario hasta que termine el proceso.
A su vez Rafecas, que había rechazó un pedido del fiscal Carlos Stornelli para “no innovar” sobre esas tierras -es decir no entregarlas- revocó esa decisión y prohibió cualquier cambio hasta tanto se resuelvan todas las discusiones judiciales, incluida la iniciada por el Ejército ante la Corte.
Esta medida tiene como efecto inmediato el impedimento de la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o “cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras cuya mensura fuera aprobada por Resolución N° 1174 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Pese a ello, en una resolución a la que accedió Clarín, el juez Mariano Llorens explicó este lunes que el nuevo juez subrogante de Bariloche el 17 de marzo pasado “intimó al Poder Ejecutivo Nacional a hacer la inscripción (de las 180 hectáreas), desconociendo la orden dada de no innovar, para impedir que esas tierras sean transferidas, hasta tanto el juicio tenga una decisión definitiva”.
Ante tales circunstancias, el camarista se refirió en duros términos al juez Villanueva por “la inacción demostrada por el juez de grado quien, pese a las expresas indicaciones de su Superior, durante todo este tiempo ha omitido observar las mandas que le fueron dirigidas en ya dos ocasiones”.
La intimación formulada al Gobierno nacional por parte de la justicia de Río Negro fue informada a la Cámara Federal porteña por el fiscal ante dicha instancia, José Agüero Iturbe. Por ese motivo, el juez Llorens dijo que “dicha comunicación me exige recordar al juez de grado la obligación que pesa sobre su magistratura de adecuar su proceder a las indicaciones de esta Cámara”.
Seguidamente, se le ordenó al juez de Bariloche que “dé cumplimiento urgente” al pedido de Rafecas, que en dos ocasiones le dijo que la provincia debía inscribir que esas tierras no pueden modificar su titularidad hasta tanto se resuelva la discusión judicial.
Se ordenó que desde el juzgado de Bariloche “se emitan los oficios correspondientes, a fin de que se lleve a cabo cualquier alteración de los asientos respectivos en el Registro de la Propiedad vinculado con las tierras en disputa”:
El planteo se realizó “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia y, consecuentemente, de remitir copia de lo aquí revelado al Consejo de la Magistratura de la Nación a efectos de que se analice la conducta evidenciada” por el juez subrogante de Bariloche.
La desobediencia a la resolución de la Cámara “favorece la pretensión de la comunidad Mapuche Millalonco Ranquehue, que pretende las tierras del Ejército Argentino en la zona. En tanto que aún está abierto el debate por el reclamo del Poder Ejecutivo, pese a la apelación fuera de términos que devino en esta situación”, indicó el camarista Llorens.
El controvertido fallo de la jueza Domínguez que entregó las 180 hectáreas, encendió una luz de alerta. En la Patagonia hay 50 expedientes judiciales con reclamos de iguales características. Sólo en Bariloche, de 3.500 hectáreas que tiene bajo su custodia el Ejército, 2.800 están siendo reclamadas ante la justicia por ocho comunidades mapuches.