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Familiares de una víctima de trata de personas que sigue desaparecida recibirán una reparación económica

En un fallo inédito, la Justicia Federal de Santa Fe dispuso que se repare económicamente a los familiares de Natalia Acosta, una joven que desapareció el 29 de mayo de 2009 convirtiéndose en una víctima del delito de trata de personas, por la deficiente labor estatal en la investigación.

El fiscal Federal de 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, aseguró durante el juicio que en los primeros pasos de la investigación se desestimó vincular el episodio con la trata de personas, evitando incorporar estándares adecuados a la búsqueda de la joven. Consideró que esa conducta pudo estar influenciada por “una visión estereotipada y prejuiciosa sobre la víctima y su grupo familiar”.

Natalia era trabajadora sexual y con sus ingresos ayudaba a parte de su familia. Mantenía, además, una relación de pareja en la que sufría violencia de género.

El dinero para la reparación, resuelta por el Juzgado Federal 2 de Santa Fe, será aportado por el Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, creado recientemente.

La familia, considerada víctima indirecta, ya confirmó el destino que dará al dinero: lo utilizará para seguir con la búsqueda de Natalia. El monto aún no fue determinado. El fiscal pidió que se incluya para determinarlo la “pérdida de chance” y el daño “al proyecto de vida”.

La familia de Natalia Acosta la busca desde hace 13 años. / Archivo

La joven tenía 23 años cuando desapareció en el centro de la capital santafesina. El 29 de mayo de 2009, día en que se la vio por última vez, su padre hizo la denuncia ante la policía. Se caratuló la investigación como búsqueda de paradero.

El fiscal Rodríguez consideró que esa denominación exhibió el “carácter pasivo del Estado en materia de desapariciones físicas bajo el cual impregnó su accionar en el caso”, evitando tomar medidas que podrían haber resultado clave para esclarecerlo.

Los tres allanamientos realizados se hicieron gracias a información aportada por los familiares de Acosta.

El juez recién dispuso la apertura de la instrucción el 3 de julio de 2009, treinta y cinco días después de denunciada la desaparición. Lo hizo tras una presentación de la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, aunque ni siquiera eso, para Rodríguez, generó “un cambio sustancial en la modalidad de trabajo del Tribunal”.

El 13 de julio de aquel año, Ariel Acosta y María Cristina Balán, padres de la víctima, presentaron un escrito en el que dejaron asentada su preocupación al considerar que la causa no avanzaba a pesar de los datos que habían facilitado. 

En ese momento, y ante la falta de respuestas por parte de la policía y el juez provincial interviniente, se había interpuesto además una denuncia ante el juzgado Federal por el delito de trata de personas. “Tenemos temor de lo que pueda suceder a nuestra hija”, denunciaron entonces los padres de Natalia.

Los familiares de Acosta fueron representados, durante la última etapa del proceso, por la titular del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación, Marcela Rodríguez, y por los defensores Vanesa Ferrara y Mariano Rosatti.

Ariel y Carmela Acosta, padre y hermana –aceptada como querellante luego de que falleciera su madre– de la joven desaparecida, solicitaron el 28 de marzo pasado que se fije el monto de reparación económica, un derecho que la legislación nacional e internacional reconoce en estos casos.

Al no poder reclamarlo Natalia, quien permanece desaparecida, el juzgado dispuso que el resarcimiento recaiga en sus familiares, víctimas indirectas.

El magistrado ordenó se comunique su decisión al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas “para que finalice en forma prioritaria el trámite (…) sin prolongarlo con rigorismos formales y actos que pudieran producir una revictimización en perjuicio de los nombrados”.

El juez también reconoció que la investigación estuvo sesgada por estereotipos de género y que se violó la obligación de debida diligencia reforzada.

En diciembre de 2021, tras fallecer Osvaldo Cerri –procesado con prisión preventiva en 2017 por el delito de trata de personas en la modalidad de captación–, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el archivo de la causa, la reparación económica a la familia y que se continúe con la búsqueda de Natalia.

Remarcó, al hacerlo, planteos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad”.

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