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Rápido, que se acaba la música

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El adelanto electoral va evidenciando efectos secundarios, como alianzas, renuncias, amores, repudios… y los derivados de su coincidencia con el semestre de presidencia europea.

Concordando con la campaña de las elecciones generales, la Comisión Europea dará a conocer su Informe anual sobre el Estado de Derecho, con recomendaciones específicas a los Estados miembros.

El informe, que ocupa un lugar central en el mecanismo del Estado de Derecho, examina la evolución de los sistemas judiciales y refleja la preocupación en la UE, en lo que respecta a la independencia judicial en algunos Estados miembros. Y más concretamente, la soberanía de las fiscalías y una mayor autonomía de estas.

En el referido a 2022 –sin dejar de insistir en la renovación del Consejo del Poder Judicial, lamentablemente pendiente desde diciembre de 2018– se detenía, una vez más, en la necesidad de aumentar la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE), expresando su incomodidad por la coincidencia temporal de los mandatos del FGE y del Gobierno.

Con la disolución de las Cortes Generales y el anuncio de un proceso electoral –que supondrá la conformación de un nuevo Gobierno, y tal vez, la designación de un nuevo FGE– quedan en suspenso todas las iniciativas legislativas, así como las leyes y nombramientos que deben ser refrendados por el Gobierno que surja de las urnas.

Dos horas después de que el presidente del Gobierno anunciara el adelanto electoral, el fiscal general del Estado (FGE) adelantó al 8 de junio la convocatoria de la reunión del Consejo Fiscal (órgano consultivo) para tratar sobre designaciones discrecionales de la cúpula fiscal.

En este caso, el nombramiento de fiscales de Sala –»Derechos Humanos y Memoria Democrática» (un pleonasmo innecesario) y «Delitos de Odio»–, plazas que ya estaban creadas, convocadas, abierto el plazo de solicitudes, pedidas por pocos aspirantes, cerrado el plazo y convocado el Consejo Fiscal para el 19 de junio.

No hay ningún obstáculo legal y existen precedentes de que la convocatoria de elecciones no ha interrumpido concursos ordinarios. La cuestión se acentúa con los concursos reglados.

Rápido, que se acaba la músicas

Según las asociaciones de Fiscales (AF y APIF): «Ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento del FGE por el nuevo parlamento y gobierno».

Las asociaciones gremiales han mostrado su sorpresa y pedido la suspensión del pleno adelantado, al no existir «razones de urgencia que avalen la necesidad de cubrir las plazas». La premura denota la intención de blindar el puesto con la mayor rapidez posible, con personas «de la confianza actual del FGE, pero que pudieran no compartir razones de política criminal con el próximo.

La celeridad que se desprende del «tempo» no pasará desapercibida en Bruselas. Tampoco en nuestro país ¿puede el FGE examinar cómo se va a llevar una causa importante en una determinada Fiscalía y no ultimar la creación de una plaza? ¿Alguien se ha parado a pensar si pudiera haber candidatos más adecuados?

Si otra mayoría de Gobierno derogara la ley de Memoria Democrática, una fiscalía creada exprofeso por esa ley perdería su razón de ser ¿tendría un fiscal tarea para una ley a la que le quedasen un par de meses?

El sueño que supone engrosar el generalato del Ministerio Público, mejorar la remuneración y, en el caso de la memoria democrática, no celebrar ningún juicio, es una canonjía para cualquier fiscal, reforzada en el caso de alguien que solo lleva un año como fiscal de Sala y tiene su nombramiento actual impugnado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que todavía se haya dictado sentencia.

Resulta incomprensible que la aspiración a formar parte del Estado Mayor de la Carrera Fiscal haya sido exigua, pero cabe pensar que a quienes se han inhibido asisten razones para eludir tareas burocráticas, más concentradas en coordinar, reunirse… que en funciones básicas: llevar asuntos penales e ir a juicios.

Un obligado respeto funcional aconsejaría posponer esos nombramientos hasta que un FGE, con cuatro años por delante, pueda designar a los fiscales de Sala, sin esos apresuramientos que delatan urgencias. Máxime cuando el Gobierno pasará a estar en funciones el 24 julio y cesará al constituirse el nuevo. Y entonces, faltan meses, lo hará el FGE.

El problema, formidable, es otro. Se crea una figura, la fiscalía de la Memoria Democrática, inédita hasta ahora, como un vehículo asaz politizado, al estar encargado de «investigar los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura» y se le aplica una axiomática carga ideológica ¿para instrumentalizar qué?

En el caso de fiscalías tan ideológicas, el riesgo añadido está en el papel instrumental que pueden llegar a tener en el tratamiento mediático del odio y la memoria.

No hay que minusvalorar esta Sala especial, cuyo nombramiento está en cuestión. Está creada para perseguir penalmente a quienes tengan una visión histórica distinta de la oficial o que niegue los hechos convertidos, por dicha ley, en dogmas; con asuntos que podrían verse retrasados, estigmatizados y anulados al socaire de la memoria democrática.

La Fiscalía es una institución muy jerarquizada. La Junta de Fiscales de Sala, es su máximo órgano, el Estado Mayor de la carrera. La preside el FGE y la integran el Teniente Fiscal del TS y los 27 Fiscales de Sala. Ideológicamente, es un órgano plural y profesionalmente se trata de los representantes de las fiscalías especializadas con más poder. De los 2.704 fiscales que hay actualmente en España, el 65 % son mujeres.

El artículo 124 de la Constitución Española regula la función del Ministerio Fiscal: «Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social».

Esa hermosa misión es incompatible con actuaciones y decisiones que, en algunos momentos, se han tomado quebrando la estética institucional, como ahora. A quien ahora convoca, le nombró quien ahora sería nombrado, es decir, a quien debe el cargo.

Este escenario desvelaría una voluntad de controlar y dominar resortes del poder judicial —desde el TC a la FGE— colocando gente del mismo palo, que se mantenga durante años para evitar problemas futuros. En el blindaje del Poder Judicial, respecto del Ejecutivo y Legislativo, está en juego nada menos que la libertad.

Las costuras de esta nueva incidencia –por la que «existe mucha alarma en la carrera fiscal»– han saltado por el torpe cambio de fechas, pero no habría sido así si se estuviera pensando en alguien incontestado e inequívocamente profesional.

Así que, rápido, que se acaba la música…

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